Tener una propiedad en España es una decisión que se planifica con cuidado. Lo que muy pocos propietarios extranjeros planifican con la misma atención es qué ocurre con esa propiedad cuando fallecen. Y esa omisión puede costarle a sus herederos tiempo, dinero y complicaciones que se podrían haber evitado.
El Impuesto de Sucesiones en España es uno de los aspectos fiscales más complejos para el propietario no residente. El importe a pagar varía según la comunidad autónoma donde esté el inmueble, el grado de parentesco del heredero con el fallecido y si el heredero reside o no en España. Sin una planificación previa, las diferencias pueden ser muy significativas.
En esta guía de Sol-4 Gestión te explicamos cómo tributa una herencia en España para no residentes, qué documentación se necesita, cuáles son los plazos legales y cómo reducir legalmente la carga fiscal antes de que sea demasiado tarde para actuar.
Qué es el Impuesto de Sucesiones en España y a quién afecta
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es el tributo que grava la transmisión de bienes y derechos por causa de fallecimiento. En la práctica, grava el incremento patrimonial que reciben los herederos como consecuencia de una herencia.
En España este impuesto está regulado por la Ley 29/1987 y su reglamento, pero las comunidades autónomas tienen amplias competencias para modificar los tipos, reducir la base imponible o establecer bonificaciones. Esto ha dado lugar a diferencias muy relevantes entre territorios: heredar en Madrid o en Andalucía puede suponer un coste fiscal radicalmente distinto a hacerlo en otras comunidades.
Para el propietario extranjero no residente la situación tiene una capa adicional de complejidad: aunque no viva en España, sus herederos están obligados a liquidar el impuesto ante la Agencia Tributaria española si el patrimonio heredado incluye bienes situados en territorio español.
Residente vs. no residente: cómo afecta a la tributación
La distinción entre obligación personal y obligación real es el primer concepto que hay que entender.
Obligación personal (residentes en España)
Los herederos con residencia fiscal en España tributan por la totalidad de los bienes y derechos que reciben, independientemente de dónde estén situados (art. 6 de la Ley 29/1987). Si el fallecido residía en España, se aplica la normativa de la comunidad autónoma donde residía, entendida como aquella en la que permaneció más días durante los cinco años anteriores al fallecimiento. Si el fallecido no residía en España, se aplica la normativa de la comunidad donde se encuentre el mayor valor de los bienes situados en España.
Obligación real (no residentes)
Los herederos que no tienen su residencia fiscal en España tributan únicamente por los bienes y derechos situados, ejercitables o que deban cumplirse en España, y por los seguros de vida contratados con aseguradoras españolas o celebrados en España con aseguradoras extranjeras que operen en ella (art. 7 de la Ley 29/1987). Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los herederos no residentes tienen derecho a aplicar la normativa autonómica en lugar de la estatal. Si el fallecido residía en una comunidad autónoma, se aplica la normativa de esa comunidad. Si el fallecido no residía en España, se aplica la de la comunidad donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos situados en España (disposición adicional segunda de la Ley 29/1987).
Esto elimina la discriminación histórica entre residentes y no residentes, y abre la posibilidad de beneficiarse de las bonificaciones autonómicas más favorables.
Los herederos que no residen en otro Estado de la UE, ni en un Estado del Espacio Económico Europeo con normativa de asistencia mutua en materia tributaria, deben designar a una persona con residencia en España que los represente ante la Administración tributaria. La designación debe hacerse antes de que termine el plazo de declaración (art. 18.4 del Reglamento del Impuesto). Es el caso habitual de los herederos que residen en el Reino Unido.
Grupos fiscales y tipos impositivos
El Impuesto de Sucesiones en España no aplica el mismo tipo a todos los herederos. La tarifa depende de dos factores: la base imponible (el valor de lo heredado) y el grupo de parentesco al que pertenece el heredero.
| Grupo | Herederos incluidos | Características |
|---|---|---|
| Grupo I | Hijos y descendientes menores de 21 años | Mayores reducciones y mínimos exentos |
| Grupo II | Hijos y demás descendientes de 21 años o más, cónyuge, padres y demás ascendientes | Reducciones importantes; las más habituales |
| Grupo III | Hermanos, tíos, sobrinos, y parientes por afinidad: suegros, yernos, nueras e hijastros (salvo adopción) | Reducciones menores |
| Grupo IV | Parientes lejanos y personas sin vínculo familiar | Sin reducción estatal por parentesco y con el coeficiente multiplicador más alto (de 2 a 2,4): la carga efectiva puede superar con creces el 34% |
La escala estatal del impuesto es progresiva: va del 7,65% al 34%, tipo que se aplica a la parte de la base liquidable que supera 797.555,08 euros (art. 21 de la Ley 29/1987). La cuota resultante se multiplica después por un coeficiente que depende del grupo de parentesco y del patrimonio preexistente del heredero (art. 22): de 1 a 1,2 para los grupos I y II, de 1,5882 a 1,9059 para el grupo III y de 2 a 2,4 para el grupo IV. Las comunidades autónomas pueden aprobar su propia escala, coeficientes, reducciones y bonificaciones.
Diferencias autonómicas: por qué importa tanto dónde está la propiedad
Uno de los aspectos más relevantes para el propietario extranjero es que el coste fiscal de una herencia en España varía mucho según la comunidad autónoma. Algunas han aprobado bonificaciones del 99% para los herederos de los grupos I y II, lo que en la práctica reduce el impuesto a casi cero. Otras aplican la escala estatal sin apenas modificaciones.
La Comunitat Valenciana, donde se concentra gran parte de la clientela de Sol-4 Gestión, tiene un régimen propio. Para los fallecimientos producidos desde el 28 de mayo de 2023, los herederos de los grupos I y II (descendientes, cónyuge y ascendientes) tienen una bonificación del 99% sobre la parte de la cuota que corresponda a los bienes y derechos declarados. La misma bonificación se aplica a los herederos con una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o psíquica igual o superior al 33% (art. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997, en la redacción dada por la Ley 6/2023, de 22 de noviembre). Los herederos no residentes también pueden aplicarla cuando resulte aplicable la normativa valenciana. Hermanos, sobrinos, hijastros no adoptados y personas sin parentesco no tienen esta bonificación, por lo que en su caso la planificación previa es especialmente importante. Como la bonificación solo alcanza a los bienes declarados, es esencial que la autoliquidación recoja todo el patrimonio heredado.
Contar con asesoramiento especializado antes de que se produzca el fallecimiento permite estructurar el patrimonio y el testamento de forma que los herederos puedan acceder a las reducciones máximas disponibles.
Cómo se calcula la base imponible para no residentes
Para los herederos no residentes, la base imponible del impuesto se calcula solo sobre los bienes situados en España. Los principales activos que se incluyen son:
- Bienes inmuebles: cualquier propiedad situada en territorio español. Se declaran, como mínimo, por su valor de referencia del Catastro en la fecha del fallecimiento; si el valor que declaras es superior, se toma este. Solo si el inmueble no tiene valor de referencia se toma el mayor entre el valor declarado y el valor de mercado (art. 9.3 de la Ley 29/1987).
- Saldos en cuentas bancarias de entidades financieras españolas, a la fecha del fallecimiento.
- Valores cotizados: al precio de cotización del día del fallecimiento.
- Derechos reales sobre bienes inmuebles situados en España.
La base imponible es el valor neto de lo heredado: al valor de los bienes se le restan las cargas y deudas deducibles y determinados gastos (arts. 9, 12, 13 y 14 de la Ley 29/1987). Son deducibles, entre otros, las deudas del causante acreditadas documentalmente, los impuestos pendientes del causante que paguen los herederos y los gastos de última enfermedad, entierro y funeral. No lo son las deudas a favor de los propios herederos o de sus parientes. La Administración Tributaria puede comprobar los valores declarados, por lo que es importante una valoración correcta desde el inicio.
El plazo: seis meses desde el fallecimiento
Este es el dato que más sorprende a los herederos extranjeros y el que genera más problemas cuando no se conoce con antelación.
La autoliquidación del Impuesto de Sucesiones debe presentarse en el plazo de seis meses contados desde el día del fallecimiento (art. 67 del Reglamento del Impuesto). Los herederos no residentes presentan el Modelo 650 ante la Agencia Tributaria estatal (Oficina Nacional de Gestión Tributaria). Los herederos residentes en España, cuando el fallecido residía en la Comunitat Valenciana, lo presentan ante la Agència Tributària Valenciana.
Si el plazo resulta insuficiente para reunir la documentación o gestionar los trámites desde el extranjero, puede solicitarse una prórroga de otros seis meses, siempre dentro de los cinco primeros meses del plazo inicial. Si la Administración no contesta en un mes, se entiende concedida. La prórroga tiene un coste: obliga a pagar intereses de demora desde que terminan los seis meses iniciales hasta que se presenta la autoliquidación (art. 68 del Reglamento del Impuesto). Si se presenta fuera de plazo sin prórroga y antes de cualquier requerimiento de Hacienda, se paga un recargo del 1% más otro 1% por cada mes completo de retraso. A partir de los doce meses, el recargo es del 15% más intereses de demora (art. 27 de la Ley General Tributaria). Si es Hacienda quien detecta la falta de presentación, puede imponer además una sanción.
Seis meses puede parecer tiempo suficiente. En la práctica, cuando hay documentación extranjera que apostillar, testamentos que traducir, representantes que nombrar y bienes que valorar, el tiempo se consume rápidamente.
Documentación necesaria para gestionar una herencia en España
La Agencia Tributaria exige la siguiente documentación obligatoria para la liquidación del Modelo 650:
- Escritura de aceptación de herencia (original y copia simple), o en su defecto inventario de bienes y herederos por duplicado.
- Copia del certificado de defunción.
- Copia del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad (aunque sea negativo).
- Copia del testamento o de la declaración de herederos.
- Copia del pasaporte, DNI o NIE de los herederos y del representante fiscal en España.
Además, dependiendo de los bienes incluidos en la herencia:
- Copia del recibo del IBI y del título de adquisición de los inmuebles, o nota simple registral.
- Certificado bancario con los saldos a fecha de fallecimiento.
- Contratos de seguro o certificado de la aseguradora, si procede.
Importante: los documentos expedidos por autoridades extranjeras deben presentarse traducidos al castellano por traductor-intérprete jurado y, en general, con la Apostilla de La Haya. Los documentos públicos de otros Estados de la UE, como los certificados de defunción, están exentos de apostilla. Los documentos del Reino Unido sí la necesitan.
Cómo reducir legalmente el Impuesto de Sucesiones
Existen mecanismos legales que pueden reducir de forma significativa la carga fiscal de una herencia en España. Los principales son:
Testamento español
Redactar un testamento ante notario español es la medida más sencilla y eficaz. Permite designar herederos con claridad y evitar la sucesión intestada. Además, según el Reglamento (UE) 650/2012, cualquier persona puede elegir en su testamento que su herencia se rija por la ley de su nacionalidad, sea o no ciudadana de la UE, y por tanto también los británicos (art. 22). Si no hace esa elección, la herencia se rige por la ley del país de su residencia habitual al fallecer (art. 21). Si vivía en España, se aplica la ley española, incluidas las legítimas. Si vivía fuera, se aplica la ley de ese país, aunque algunas leyes extranjeras, como la inglesa, remiten la sucesión de los inmuebles a la ley del lugar donde están, de modo que la vivienda en España puede acabar rigiéndose por la ley española (art. 34).
Aplicar la normativa autonómica que corresponde
Los no residentes no pueden escoger libremente la comunidad autónoma. La ley determina cuál corresponde: la de residencia del fallecido o, si este no residía en España, la del lugar donde esté el mayor valor de los bienes en España. El heredero tiene derecho a aplicar esa normativa autonómica en lugar de la estatal (disposición adicional segunda de la Ley 29/1987). Comprobar qué normativa corresponde y aplicar correctamente sus reducciones y bonificaciones puede suponer un ahorro muy relevante; un asesor especializado puede calcularlo en cada caso.
Reducción por la vivienda habitual del fallecido
Si el fallecido tenía en España su vivienda habitual, pueden aplicar una reducción del 95% de su valor el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o un pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con él durante los dos años anteriores. Con la normativa estatal, el límite es de 122.606,47 euros por heredero y la vivienda debe conservarse durante diez años (art. 20.2.c de la Ley 29/1987). La mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, tienen su propia reducción, con límites y plazos de mantenimiento distintos. Importante: la vivienda de vacaciones de un propietario que vive fuera de España no es su vivienda habitual, por lo que normalmente esta reducción no se aplica en ese caso.
Planificación sucesoria previa
La manera más eficaz de reducir el impuesto es actuar antes de que se produzca el fallecimiento: estructurar correctamente el patrimonio, valorar los bienes de forma adecuada, designar herederos con criterio fiscal y redactar un testamento que maximice las reducciones disponibles. Una vez abierta la sucesión, el margen de maniobra se reduce considerablemente.
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Trabajamos en español e inglés, y también podemos atenderte en alemán.
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Preguntas frecuentes sobre el Impuesto de Sucesiones para propietarios extranjeros
Sí, si entre los bienes heredados hay propiedades, cuentas bancarias u otros activos situados en España. La obligación de liquidar el impuesto ante la Agencia Tributaria española existe con independencia de la residencia del heredero.
El plazo es de seis meses desde la fecha del fallecimiento. Es posible solicitar una prórroga de seis meses adicionales, pero debe pedirse dentro de los cinco primeros meses del plazo inicial.
Sí. Desde la Ley 11/2021, todos los herederos no residentes, sea cual sea su país de residencia, pueden aplicar la normativa autonómica, incluidas sus reducciones y bonificaciones. Si el fallecido residía en una comunidad autónoma, se aplica la de esa comunidad. Si el fallecido no residía en España, se aplica la de la comunidad donde se encuentre el mayor valor de los bienes situados en España.
Depende de la ley aplicable a la sucesión, que el Reglamento (UE) 650/2012 determina para cualquier fallecido, sea o no ciudadano de la UE: si no eligió ley en su testamento, rige la de su residencia habitual al fallecer. Si se aplica la ley española (Código Civil), heredan por este orden los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, los hermanos y sobrinos y los demás parientes colaterales hasta el cuarto grado y, en último lugar, el Estado. El cónyuge viudo tiene además un derecho de usufructo cuando concurre con hijos o con padres del fallecido. Tener un testamento español en vigor evita esta situación.
Sí, si el heredero no reside en otro Estado de la UE ni en un Estado del Espacio Económico Europeo con normativa de asistencia mutua en materia tributaria. En ese caso debe designar, antes de que termine el plazo de declaración, a una persona con residencia en España que le represente ante la Administración tributaria (art. 18.4 del Reglamento del Impuesto). Es el caso de los herederos que residen en el Reino Unido. Los residentes en la UE no tienen esta obligación, pero contar con representación facilita considerablemente la gestión de todos los trámites.
Depende de la comunidad autónoma, del valor del inmueble, del grado de parentesco y del patrimonio preexistente del heredero. En comunidades con bonificaciones altas para descendientes directos, el coste puede ser casi nulo. En otras, para parientes lejanos o personas sin parentesco, puede superar ampliamente el 30% del valor heredado, porque a la tarifa se le aplica un coeficiente multiplicador de entre 2 y 2,4. Una estimación personalizada antes de que se produzca la herencia es la mejor forma de planificarlo.
Sí. Un testamento español específico para los bienes situados en España simplifica enormemente la gestión para los herederos. Además, permite acogerse al Reglamento UE 650/2012 para elegir la ley sucesoria aplicable, y designar herederos y distribuir el patrimonio español con criterios fiscales que reduzcan el impuesto.
